Joseba Etxarte*

Desde que el 21 de mayo de 1980 se firmara el convenio marco de cooperación transfronteriza que permite a las entidades territoriales de estados contiguos firmar acuerdos de cooperación, muchos son los proyectos que se han puesto en marcha en esta nuestra (antigua) frontera.

Empezando por la Agencia Transfronteriza de la Eurociudad Vasca Bayona – San Sebastian y terminando en la recientemente creada Euroregión Aquitaine – Euskadi, algunos de ellos tienen un propósito amplio, y otros muy sectorial (como Bihartean o la Plataforma logística Aquitania – Euskadi), en algunos los protagonistas son los municipios fronterizos (como  el Consorcio Bidasoa Txingudi o la asociación Xareta) y en otros son las instituciones “mayores” (Diputación Foral de Gipuzkoa y Gobierno Vasco o Gobierno Foral junto a Consejo Regional y Consejo General, e incluso Prefectura del Departamento de Pirineos Atlánticos), como es el caso de la Conferencia Atlántica Transpirenaica, o la propia Euroregión.

En muchos de estos proyectos, sobre todo los más veteranos, el primer objetivo explicitado era el  de conocerse mutuamente porque las sociedades de uno y otro territorio llevábamos demasiado tiempo viviendo de espaldas unos a otros, y también se consideraba necesario el que las instituciones aprendieran a trabajar en común, dado que las prácticas administrativas, repartos competenciales etc eran, y son, muy distintos a uno y otro lado del Bidasoa.

Después de casi 20 años de “conocerse”, parece que este primer objetivo se puede dar por conseguido. La multiplicación de organismos e instituciones y firmas de convenios de cooperación han ayudado a que la sociedad también se haya acostumbrado a oír hablar de cooperación transfronteriza. Sin embargo la ciudadanía se encuentra desorientada ante la aparente multiplicación de instituciones que quieren “desarrollar la cooperación transfronteriza” y la también aparente falta de resultados. No hace mucho el alcalde de Irun y presidente de turno del consorcio Bidasoa – Txingudi manifestaba que tal vez fuera conveniente preparar un documento estratégico para determinar los fines de esta institución pues existían dudas acerca de su operatividad. Los rectores de la flamante nueva Euroregión Aquitaine – Euskadi hablan de la elaboración de un plan estratégico que guíe sus actuaciones…

Lo cierto es que la cooperación transfronteriza tiene sentido si favorece a la continuidad territorial más allá de la frontera, según expresión de la Mission Opérationelle Transfrontalière MOT, organismo creado por el estado francés, centralista donde los haya, como sabemos, para apoyar (y controlar) a los diferentes proyectos transfronterizos que se manifiestan a lo largo de las múltiples fronteras que tiene este país con otros países europeos. Y favorecer la continuidad territorial significa tener un proyecto de territorio.

Bien, ¿y cuál es el proyecto de territorio impulsado por las autoridades vascas o navarras con las autoridades del estado vecino?  Hacer un plan estratégico de la Euroregión o escribir un documento estratégico para Bidasoa –Txingudi y tener un proyecto de territorio no son la misma cosa. Hacer cooperación transfronteriza de proximidad, eliminando los obstáculos que dificultan la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas que viven en torno a la frontera (que es el objeto de la Conferencia Atlántica Transpirenaica)  está muy bien, pero ello no significa que se tenga un proyecto de territorio.

El único proyecto escrito de territorio, que uno conoce es el llamado Libro blanco de la Eurociudad Vasca Bayona – San Sebastian, un intento intelectualmente honesto que aporta una visión de lo que puede ser, a futuro, una metrópoli europea transfronteriza y que pretendía encender el debate social a inicios de la pasada década. Probablemente el proyecto necesite una revisión  y actualización. Pero es el único que hay y entiendo que todas las instituciones transfronterizas (al menos las creadas por las instituciones de la CAV e Iparralde, Navarra es otra cosa) deberían tener en cuenta lo que en ese documento se propone a la hora de establecer sus respectivos planes de actuación.

*Joseba Etxarte . Mugazgaindi

Joseba Etxarte*

El pasado 7 de mayo posteé unas reflexiones acerca de la situación institucional de Iparralde, al hilo de la postura asumida por el  Consejo de Desarrollo del Pays Basque, institución que, recordemos, agrupa a la sociedad civil de ese territorio, y que abogaba por crear una entidad territorial  específica al estilo de lo que Córcega tiene desde hace algunos años. Quedaba por saber qué posición tomaría el Consejo de Electos, que es, en definitiva quien lleva la voz política de Iparralde a Paris.

Pues bien, el pasado 6 de septiembre, el consejo de Electos se reunió en Asamblea General  y decidió por amplia mayoría invitar al Senado a considerar seriamente la creación de una entidad territorial para el Pays Basque. Hay que señalar, para los que no sigan muy de cerca la realidad política de Iparralde, que el consejo de Electos agrupa a todas y todos  los electos (concejales, alcaldes, consejeros y consejeras así como miembros de la Asamblea Nacional, Senado y Parlamento europeo) del territorio, con independencia del color político, y que la presencia abertzale no es, precisamente, mayoritaria. Es por ello que la decisión cobra, si cabe, más valor.

Como dice J.J. Lasserre, presidente del Consejo, la pelota está en el tejado de Paris, pues debe aprobar una nueva ley de descentralización (que Hollande prometió aprobar cuando era candidato a la presidencia). El camino, por tanto, será largo y lento. Pero una entidad administrativa con competencias en los ámbitos de “la lengua, la cultura, el desarrollo económico, la agricultura, el hábitat, el transporte, el turismo y la cooperación transfronteriza”  (la traducción es mía) es una entidad que puede tratar de tú a tú con las otras entidades territoriales de Euskal Herria (Gobierno Vasco y Gobierno Foral de Nafarroa) y, amparados en el Tratado de Baiona, cooperar y avanzar conjuntamente.

*Joseba Etxarte . Mugazgaindi

Actualmente sólo existe una institución política aglutinadora de estos tres territorios y es el Consejo de Electos del Pays Basque, que agrupa a todos los electos y electas, sean alcaldes, concejales, consejeros departamentales, o regionales, diputados y senadores. Nació en 1995 con el objetivo de paliar esa carencia y es quien negocia con el gobierno de la República el proyecto de territorio, que después se materializa en los proyectos que las verdaderas instituciones (Consejo Regional de Aquitania, Consejo General de los Pirineos Atlánticos, los ayuntamientos, y los propios servicios del Estado) llevan adelante en el ejercicio de sus competencias.

La reivindicación de un departamento propio fue cogiendo fuerza en torno a la plataforma BATERA, que aglutinó no sólo personalidades políticas de muchos colores, sino también concitó un gran apoyo social en torno a la reivindicación de un referéndum a celebrar en 2005 para el que no consiguieron las firmas a que la ley obligaba, ya que el censo sobre el cual se calculaba era el de todo el departamento de Pirineos Atlánticos.

Actualmente, sin embargo, la situación es diferente. El Consejo de Desarrollo del Pays Basque, institución que agrupa a la sociedad civil, y que se articula con el Consejo de Electos a través de una comisión mixta y una Asamblea Plenaria, ha hecho suyo el dictamen jurídico que el Consejo de Electos encargó a los profesores de la Universidad de Baiona Jean Gourdou y Jean-Pierre Massias acerca de la institucionalización de Iparralde, y solicita al Consejo de Electos que haga lo propio.

En ese dictamen (ver http://www.lurraldea.net/fr/travaux-en-cours/evolution-de-la-gouvernance-du-pays-basque.html, los profesores Gourdou y Massias proponen que se cree en este territorio una entidad territorial  específica al estilo de lo que Córcega tiene desde hace algunos años. Una entidad que asumiría competencias que ahora están ejercidas por las otras instituciones, es decir, Región, Departamento y servicios del Estado. Para entendernos, sería lo más parecido a un estatuto de autonomía, al estilo de lo que se conoce de los Pirineos hacia abajo.

No sabemos aún qué postura tomará el Consejo de Electos. Sí sabemos que   hay cada vez más personalidades que lo ven con buenos ojos y, muchos de los que antes se manifestaban en contra de la departamentalización de Iparralde, ahora al menos no ese oponen a esta nueva entidad territorial . Hace algunas semanas, un miembro de un partido abertzale me decía que, si se abriera ese camino, los abertzales ganarían en credibilidad lo que no han conseguido en años. No será sencillo; incluso si el Consejo de Electos da por buena  la recomendación de Gourdou y Massias (y todo parece indicar que así será), antes habrá que aprobar en París una ley específica sobre la descentralización; Hollande prometió durante la campaña electoral que impulsaría esa ley, pero aún está por ver qué ocurre.

Si esta entidad territorial nueva se creara, sería un paso de gigante para las relaciones entre las tres instituciones políticas de Euskal Herria. La Comunidad Autónoma Vasca, la Foral Navarra e Iparralde podrán, en un futuro, establecer negociaciones de igual a igual y, además, amparados en el Tratado de Baiona de 1995 sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales.

*Joseba Etxarte . Mugazgaindi